NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN BOLIVIA

La nacionalización de las explotaciones de las reservas de hidrocarburos en Bolivia ha causado, según El País.es, gran "preocupación" y "malestar" en el gobierno español y en el seno de la empresa española que realiza actividades de explotación de estas reservas, Repsol YPF. Reacción perfectamente comprensible, desde la óptica de sus intereses. No es para menos: les han quitado un sabroso caramelo de la boca. Sin embargo, las personas contrarias al neocolonialismo en América Latina no podemos hacer otra cosa que congratularnos por esta feliz noticia. En la otra cara, nos queda la desazón y la vergüenza que nos produce ver la reacción del gobierno español, que amenaza al gobierno boliviano declarando que la medida tendrá "consecuencias negativas para la cooperación bilateral humanitaria", (aunque luego esta primera reacción fue desmentida por el presidente Zapatero), y sobre todo cómo se ha tratado la noticia en los medios de prensa españoles, aquellos de mayor audiencia que forman la opinión de la mayoría, me refiero en concreto a El País.

El diario que se supone de izquierdas, que lee la gente que a su vez supone tener una conciencia de izquierdas, se posiciona (en dos editoriales, con fechas del 2 y 3 de Mayo, y en el tono general con el que trata los artículos publicados sobre la noticia desde el anuncio del decreto de nacionalización) claramente en contra de la medida. Lo cual quiere decir que se manifiesta a favor del mantenimiento del anterior statu quo, es decir a favor del expolio de las riquezas de una nación que padece extrema pobreza por parte de una de las empresas más ricas del mundo. No la condena explícitamente, pero califica la noticia de "preocupante", la medida de "decretazo" y la critica pues considera que Bolivia "necesita de la inversión extranjera para la explotación de sus recursos" y esta medida aleja a los inversores, ya que demuestra que en Bolivia no hay "garantías jurídicas" que hagan seguras estas inversiones.

Con "garantías jurídicas", los responsables del texto que expresa la opinión del periódico se refieren sin duda a las leyes promulgadas por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente testaferro de los intereses empresariales extranjeros, que permitieron la firma de contratos de explotación por los cuales las empresas explotadoras debían pagar al estado boliviano tan sólo el 18% del beneficio que estas produjesen, además de conceder a una empresa privada la comercialización de un recurso básico como es el agua potable y privatizar las telecomunicaciones, la aeronavegación y los transportes ferroviarios. Garantías de poder expoliar a sus anchas. Sin embargo, El País olvida (voluntariamente, pues en otros pasajes demuestra haber leído el texto del decreto, donde se aclara esta punto) en su apreciación que tales garantías no existieron jamás, ya que en la Carta Magna de la nación de Bolivia hay una declaración que dice "los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable", y de acuerdo con este texto tales garantías estaban constituídas por contratos que suponían una violación flagrante de la Constitución, situación más bien insegura. Estas garantías durarían lo que durasen en el poder los gobernantes corruptos, y esto sin duda lo sabían Repsol y las demás empresas en el momento de realizar las inversiones. La democracia, tan beneficiosa para los grandes cárteles empresariales en Sudamérica, le han dado otro disgusto a los explotadores con la elección de un presidente que está con su pueblo. Y éste no ha hecho desaparecer "garantías jurídicas", simplemente ha hecho valer las leyes y ha subvertido una situación de violación de las mismas.

Bolivia (a diferencia de lo que sostiene "El País", que es la opinión general que desde las altas esferas se intenta siempre enraízar en la masa al respecto de países en vias de desarrollo, aún en los casos en que estos poseen enormes recursos naturales) no necesita inversión extranjera: la infraestructura necesaria para la explotación ya está construída, y los 250 millones de euros anuales que el Estado pasará a ingresar a mayores con la recuperación del derecho sobre sus reservas naturales cubrirán con creces ulteriores modernizaciones o reparaciones. Son las empresas inversoras las que necesitan de Bolivia, de sus hidrocarburos, para seguir enriqueciéndose. Lo que necesita Bolivia es que la dejen explotar y comercializar sus reservas, como es justo que haga, y que no boicoteen su producción, ni derroquen por medios terroristas un gobierno que está dispuesto a plantar cara a los depredadores y dar a su pueblo el producto de la riqueza que posee. Lamentablemente la Historia nos enseña, con otras experiencias pasadas (y no tan pasadas: por ejemplo Irak) que es difícil que Evo Morales pueda triunfar en su empresa, ya que el tesoro que defiende es demasiado apetecible y los que lo pretenden demasiado fuertes. Afortunadamente cuenta con el apoyo de dos gobiernos que ya tienen experiencia en resistir a los ataques del imperio, Cuba y Venezuela (relaciones que también critica "El País", dejando ver su alineación del lado de los expoliadores). Pero éstos sólo podrán brindarle su cooperación para cubrir necesidades de la nación, no protejerle de un atentado o una revolución propugnada y financiada por la CIA, la organización terrorista que se ocupa de estos casos en América Latina (entre otros lugares).