sábado, 28 de julio de 2007

NOTICIAS DE LOS ESCRITOS CORSARIOS

Saludos queridos lectores,
Una vez más tengo que disculparme por un silencio prolongado. Retrasé esta comunicación porque pensaba poder publicar inmediatamente, pero a día de hoy todavía no veo el final de la situación en la que vivo y que me impide dedicarme a escribir. Se trata de una mudanza, de lugar y en consecuencia también de vida en cierto sentido. El necesario tiempo de adaptación a lo nuevo -que no es tal, pues simplemente he vuelto a casa- se ha prolongado más de lo esperado y aún lo hará por unos días. Pero espero en el lapso de una semana poder publicar de nuevo.

Los lectores podrán imaginarse cuánto me fastidia no haber podido escribir sobre el secuestro de la revista "El Jueves"...

Con afecto y agradecimiento os pido que sigáis atentos y espero estar de vuelta muy pronto,
Xurxo Ventos

lunes, 2 de julio de 2007

LA DESAPARICIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (II) RAZONES_SECTORES DE OPINIÓN EN LA SOCIEDAD

En la primera parte de esta serie de artículos intenté sentar las bases teóricas que permitan al lector tener clara la situación generada por la vigencia de la Ley Orgánica de Partidos a propósito de las elecciones del 27 de Mayo. Lo hice desde la generalidad, exponiendo ideas básicas de teoría del Derecho y del concepto de Democracia, que he tomado de mi intuición en algunos momentos y en otros del superficial conocimiento del Derecho que un lego como yo pueda tener de la materia. Antes de continuar invito al lector interesado en conocer la verdad sobre este asunto a leer la opinión de los expertos, que han dicho lo mismo que yo pero mucho mejor dicho y con más fundamento. Me refiero a los artículos publicados en “El País” por Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, “Liquidación electoral de una minoría” (sobre el problema en general) y su continuación “Las cosas en su sitio” (en el que responde a Fernando Savater, explicando más profunamente la incostitucionalidad de la Ley de Partidos). También el artículo de Andrés Boix Palop, publicado en su blog, más extenso y exhaustivo, nos aclarará las estratagemas en virtud de las que la Ley de Partidos pudo superar un recurso de inconstitucionalidad y aplicarse.

De lo afirmado en esta necesaria puesta en claro de la situación a nivel jurídico conviene tener en cuenta que se trata de una situación de iure, quiero decir que no admite la discusión de si la Ley de Partidos es Constitucional o no, o si la Democracia es esto o lo otro. Conviene tener muy claro que la Constitución es la que es y está escrita y publicada hace muchos años, lo mismo que la Democracia es la que es y sus valores han sido formulados hace aún más años. Ni una ni otra admiten interpretación de ninguna clase, por las razones que expliqué en la primera entrega de esta serie de artículos. Aquellos que plantean este tipo de discusiones lo que hacen, en primer lugar, es despreciar la Democracia y la Constitución, y en segundo lugar intentar violentar estas instituciones y los derechos que garantizan. Esta segunda parte recoge mi personal análisis de por qué hemos llegado a la situación en la que de facto se ha discutido y se han violentado tanto la Constitución como la idea misma de Democracia, tanto por parte de una parte importantísima de la sociedad civil como por parte de las instituciones de Justicia y de Gobierno. Advierto al lector que, dada la extensión, he decidido dividir esta exposición en dos capítulos y conviertir la serie en un tríptico.

LA DESAPARICIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (II) RAZONES_SECTORES DE OPINIÓN EN LA SOCIEDAD

Para analizar las razones que nos han llevado a la situación descrita en la primera parte de este artículo me parece adecuado comenzar por un análisis del espectro de opinión de la sociedad española respecto a la Ley de Partidos y la licitud o no de los partidos abertzales. Lo haremos de derecha a izquierda. Reconocemos tres grandes sectores de opinión:

Existe un amplio sector de la sociedad que como razón para negar el derecho al sufragio pasivo y activo[i] a la izquierda abertzale asume como una verdad incuestionable que ésta es ETA, identificando ambas entidades a nivel conceptual y de responsabilidades jurídicas, importándole muy poco el hecho de que pese a los repetidos y concienzudos intentos por parte del Estado Español de demostrar jurídicamente esta identidad, a fin de acallar la voz de la izquierda abertzale en las instituciones, encontrando delitos de colaboración o de cualquier otro tipo que vinculase los partidos que la representan con la banda terrorista, todos hayan terminado en sonoro fracaso[ii]. Estas personas asumen un concepto del Derecho en el cual no son necesarios ni pruebas ni procesos judiciales (pues de hecho siguen defendiendo a capa y espada este vínculo pese a la ausencia de pruebas con valor jurídico): basta el convencimiento personal -en base a evidencias subjetivas sin valor jurídico- de quien está al mando o de la mayoría. El lector se habrá dado cuenta de que esto significa el no reconocimiento del habeas corpus o derecho a la presunción de inocencia, derecho constitucional en cualquier democracia y derecho humano fundamental. Este concepto de Derecho es conocido y ha sido aplicado en la Historia: es el Derecho propio de las dictaduras fascistas. Siendo así, no decimos mentira si afirmamos que las personas pertenecientes a este sector representan la España de extrema derecha. Con las debidas precauciones añado que, aunque toda generalización es odiosa, parece que este sector de la sociedad simpatiza mayoritariamente con el PP. Al menos es cierto y verificable en la prensa que los líderes de este partido en sus declaraciones demuestran encarnar este posicionamiento, la identificación políticos abertzales-ETA. Este partido ya en otras muchas ocasiones y respecto a otros debates ha adoptado posiciones claramente de extrema derecha (“¡que se pudran en la cárcel!”, dijo Aznar mostrando poca convicción en aceptar la teoría penal de reinserción del preso que sanciona nuestra Constitución). Ello no obsta para que reconozcamos que muchos simpatizantes del PSOE se sitúan también en esta línea, y por tanto también pertenecen a la extrema derecha española (es importante comprender que la caracterización política de un individuo no la define su simpatía por un partido u otro, sino sus posicionamientos).

Desplazándonos hacia el centro, pero deteniéndonos en la derecha, nos hallamos ante el siguiente gran grupo de opinión. Éste contrasta con el anterior en el hecho de que reconoce el derecho a la presunción de inocencia a la izquierda abertzale, al menos jurídicamente, aunque en el ámbito de la opinión muchas personas situadas en este sector estén convencidas de la identidad de esa minoría con ETA. Este grupo de opinión aduce como razón para negar la licitud de la participación democrática de los abertzales que éstos combaten la Democracia y pretenden destruirla, pues no comparten sus valores como demuestra el hecho de que no condenan la violencia etarra. Aparte de que presentar la actitud de esos partidos frente a los atentados como prueba de que éstos combaten la Democracia es una falsedad[iii], la razón en la que sustentan su posicionamiento se basa en un desconocimiento de las bases constitutivas del Estado Español y de los valores de la Democracia. En cuanto a esto último ya hemos hablado de ello en el apartado anterior cuando dijimos que Democracia es, ante todo, respeto de la voluntad popular sea cual sea ésta. En cuanto a la Democracia española, a la constitución del Estado Español, éste permite en su Carta Magna la disolución del sistema democrático por vías democráticas (a través de un alto consenso social, del acuerdo en el Parlamento por parte de los representantes del pueblo), es decir, no prevé ningún mecanismo de perpetuación del sistema democrático más allá del que el pueblo desee que tenga: esto es, el Estado Español está constituido como una verdadera Democracia de acuerdo con el clásico concepto de este sistema de gobierno. Cosa más que normal, porque, que me conste, tan sólo el Estado Alemán está constituido de modo que no permite ciertas derivaciones de la voluntad popular, a causa de traumáticas experiencias históricas que todos conocemos, que llevaron a la Asamblea Constituyente del nuevo Estado Alemán posbélico a limitar en la nueva constitución la voluntad popular.

He dicho que aducir esta razón sólo es posible desde un desconocimiento de las bases constitutivas del Estado Español o de la Democracia. Desconocimiento, o premeditada omisión. Me cuesta creer que profesionales de la política y la magistratura puedan desconocer algo tan importante para el desempeño de sus funciones. También que personas con un cierto nivel cultural no lleguen siquiera intuitivamente a la certeza de lo que es España y lo que permite su democracia. Hablaremos en la última entrega de este análisis de las verdaderas razones de estos sectores sociales para adoptar sus posicionamientos.

De nuevo vamos a generalizar, pero el análisis nos obliga a pronunciarnos, teniendo siempre en cuenta lo aproximativo del pronunciamiento. Siendo esta postura moderada con respecto a la anterior, cabe asociarla al PSOE y a sus simpatizantes, y al resto de la derecha española: CiU, PNV, etc. Los posicionamientos públicos de los líderes de estos partidos, muy parecidos a los descritos, parecen avalar nuestra propuesta de asociación de este sector a algún partido.

Estos dos sectores de la sociedad, que se parecen entre sí y comparten la aceptación de las actuaciones del Estado dirigidas a privar a la izquierda abertzale del derecho de sufragio; abarcan, según una estimación muy personal, al menos tres cuartos de la sociedad española. Este es un dato importante porque sólo existiendo un amplio consenso social es posible que se produzcan violaciones tan flagrantes del orden constitucional sin grandes disturbios sociales. En la última parte de este análisis propondremos una explicación sociológica al hecho de que se haya llegado a este desatino.

Por último nos encontramos en un lugar opuesto al sector de la sociedad que se opone a la conculcación del derecho de sufragio de la minoría abertzale. En éstos están por un lado los propios perjudicados y otros ciudadanos vascos (que viven el conflicto desde dentro) que conocen la realidad vasca y por ello son inmunes a los mitos construidos por la prensa sobre ella, y que naturalmente simpatizan con el independentismo y la izquierda sin llegar a abrazar la causa abertzale. Por otro lado están los ciudadanos del resto de España que, aún no conociendo la situación vasca desde dentro, han sido capaces (por cultura, por firmeza de valores) de abstraerse de la influencia de la prensa en las conciencias y mantener intactos sus valores democráticos y su conocimiento exacto de los derechos reconocidos en la Constitución, y a la vez ser capaces de no dejarse llevar por la repugnancia que inspira la violencia etarra y distinguir entre lo que es la militancia política y el ejercicio de la criminalidad terrorista.

Para ser simétricos haré también una asociación entre este grupo y alguna formación política, aunque sea este caso más problemático que los anteriores. Sí creo poder asegurar que no es posible que alguien que simpatice con el PP pueda a la vez compartir los valores democráticos descritos pues esta formación se ha siempre opuesto firmemente a estos valores. Cabe que algún viejo simpatizante del PSOE, nostálgico de cuando éste era verdaderamente socialista, esté aquí incluido, y lógicamente muy desilusionado con su partido. También personas tolerantes y de fuerte convicción democrática pero con poca cultura que hayan caído en la trampa del bipartidismo, y queriendo votar a quien represente sus valores crean tener tan sólo al PSOE. Pero el grupo más nutrido se encuentra entre los simpatizantes de IU, el único partido que junto al PNV se opuso a la Ley de Partidos en su fase de discusión y aprobación, aunque luego, viendo el terrible punto en el que se encontraba la sociedad española en cuanto a sensibilidad hacia el conflicto vasco, decidieron inhibirse para evitar una caída de sus apoyos electorales.

Este es mi análisis del espectro de sensibilidades de los ciudadanos al respecto de la conculcación del derecho de sufragio de la minoría abertzale. Detengámonos aquí, en la tercera y última parte propondré una explicación de la “psicología social” de cada uno de los grupos aquí señalados, así como un análisis de la actuación del Gobierno y la oposición en el caso, intentando llegar a una teoría que explique cómo ha sido posible que una parte tan grande de la sociedad olvide los altos valores de la Democracia, conquistados con tanto sudor y sangre; así como las verdaderas razones de los partidos mayoritarios para empecinarse en eliminar esta insignificante minoría de las instituciones, aún a costa de violentar los mismos valores que cimientan el Estado Español.



[i] Sufragio pasivo es “ser votado”, es decir representar en un proceso electoral a otros ciudadanos. Sufragio activo es emitir un voto en un proceso electoral.

[ii] El más sonado y que supuso el fin de esa línea de actuación, para sustituirla por la ilegalización en virtud de criterios inconstitucionales como la “no condena de la violencia”, fue la encarcelación en 1997 de los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB en virtud de una condena a 7 años de cárcel por colaboración con banda armada, a causa de su cesión de espacios electorales gratuitos para la difusión de un video un comunicado de ETA. Dos años más tarde de emitida la condena por el Tribunal Superior de Justicia, el Constitucional aceptó un recurso de amparo de HB y ordenó su inmediata excarcelación al considerar que el delito no existía. Los representantes abertzales pasaron casi dos años en prisión por un delito inexistente. Jon Idígoras fue liberado antes por razones humanitarias y murió poco después tras el agravamiento en prisión de su estado de salud. Pulse aquí para ver la noticia del encarcelamiento, aquí para ver la de la excarcelación.

[iii] Una observación desapasionada de la actitud de estos partidos revela que su no condena a la violencia no equivale a un ensalzamiento de la misma, sino a reconocer a ésta el carácter de “respuesta legítima a otra violencia”, en un intento de llamar la atención sobre la parte de responsabilidad del Estado Español en el conflicto. Luego no se trata de una declaración de principios “violentos” sino de un gesto político.