Saludos queridos lectores,
retomo la actividad tras este período de un mes dedicado a lo personal, en el que he sufrido mordiéndome la lengua para no hablaros de algunas noticias que se han producido durante mi “cuarentena”, a saber: la confirmación de la desaparición de las garantías democráticas en España y el giro radical que ha tomado la infame campaña mediática del mundo occidental en contra de Hugo Chávez a raíz de la no renovación de la licencia de uso del espectro radiofónico del canal de televisión RCTV.
Me ocuparé hoy de la primera de las cuestiones, por estar en un nivel de importancia cualitativamente muy superior: estamos tratando de la desaparición de la Democracia en un país europeo, supuestamente civilizado; y con el agravante de que desde el poder esta desaparición trata (con éxito) de hacerse pasar por triunfo de la Democracia. Mi intento será explicar a los españolitos de a pie (y demás lectores interesados en la situación española) que conservan intactos sus derechos que ello no significa que España sea una Democracia, puesto que la Democracia es una sistema que debe alcanzar a todos los ciudadanos de la comunidad que se dice democrática, y no sólo a la mayoría. Dada la extensión del artículo, lo he dividido en dos partes, en la primera describo la situación actual y en la segunda ofrezco las que a mi modo de ver son las causas de esta grave involución del nivel de civilización que ha supuesto la suspensión de los derechos democráticos de la minoría abertzale.
Antes de comenzar es necesario que haga una aclaración, y que sea necesario es ya bastante triste; pero la experiencia me ha demostrado que es así, y también que pese a que haga esta aclaración mucha gente no la tendrá en cuenta: simplemente no les interesa escuchar. En fin, de todos modos mi actividad no se dirige hacia esos lectores, no porque yo no quiera esforzarme en hablarles –sería para mí el mayor éxito lograr comunicarme con ellos-, sino porque ellos no buscan con la lectura de opiniones aumentar su perspectiva sino una especie de katarsis invertida, en la que en vez de purificar sus pasiones las vean avivadas. De todos modos, ahí va la aclaración:
En cualquiera de mis artículos en los que haya hablado del conflicto vasco en sus diversas manifestaciones (hasta ahora, el “caso De Juana” y sobre la Ley de Partidos en alguna respuesta a comentarios) no ha sido mi intención posicionarme al respecto del conflicto en general o del caso particular que me ocupase, ni solidarizarme con grupos o individuos, ni justificar nada que viniese del ambiente radical vasco; salvo en notas explícitas en las que he señalado cierto posicionamiento a modo aclaratorio para evitar equívocos. La intención de mis artículos relacionados con el tema vasco ha sido señalar casos muy concretos en los que he reconocido actuaciones anómalas de la Justicia o del Estado, que entraban en abierta contradicción con los principios declarados de ambas instituciones. El papel de los agentes del conflicto vasco en estos casos los he considerado como “x”, una variable que podría en otro momento tener otro valor (muy probablemente se trataría de grupos en el punto de mira del Poder, naturalmente, minorías que como tales tienen poca fuerza en la sociedad y por ello es posible pisotear sus derechos sin que se tambalee la sociedad entera), de modo completamente desapasionado. Y ello porque mi interés no era el valor que tomase esta “x”, sino el Estado y la Justicia españoles, intentar mostrar las contradicciones que encontraba en su actuar e intentar ofrecer una explicación a la causa de estas contradicciones, y en su caso quién o qué grupos están detrás del funcionamiento anómalo de Estado y Justicia.
Pese a que esta aclaración la había ya hecho antes de abordar esos temas conflictivos, fui acusado por varios lectores de simpatizar con posturas violentas o con ciertos individuos o partidos, de anti-demócrata, y de muchas cosas de las que sólo se me puede acusar si no se es capaz de hacer el ejercicio de abstracción que requiere la comprensión de mis artículos. Este esfuerzo vuelvo a solicitarlo al lector para la comprensión del artículo de hoy. En él mencionaré agrupaciones de electores (AS), partidos (ASB, ANV), a De Juana y a la izquierda abertzale, pero lo que diga que tenga relación con estos grupos e individuos no quiere decir en absoluto que yo simpatice con ellos o que me solidarice con su causa, eso es otra cuestión: ni niego ni afirmo simpatías, simplemente mi artículo no se ocupa de eso. Se ocupa de España, del Estado de Derecho, de la Constitución Española, de los Derechos Humanos y de la Justicia en España. Y esto es así en consonancia con el resto de mi actividad: yo no me ocupo de casos particulares, no soy defensor de nadie. Mi preocupación son las dinámicas globales, las corrientes de pensamiento a nivel social, y me preocupan porque afectan a un gran número de personas: me parece más importante comentar un gesto político cuyas consecuencias vayan a provocar daño a millones de personas que la situación de opresión de grupos minoritarios. No porque sea insensible a su sufrimiento, sino porque 1) tienen prioridad los males de muchos que los de pocos, y 2) creo firmemente que corrigiendo las dinámicas sociales que provocan el sufrimiento de muchos, se verán solucionados también los casos particulares de las minorías, en cuanto éstos son la primera consecuencia de aquellos. Por ejemplo: en este caso, comentaré y señalaré las fallas del Estado de Derecho, usando como ejemplo este caso mediático, y creo que si con mi aportación, entre un mar de aportaciones que hacen falta, llegase a corregirse aquello que denuncio, se solucionarían con ello muchas violaciones de derechos que podrían darse en el futuro o que se están ya dando. Intento recuperar la cultura democrática, tomando como ejemplo un caso de corrupción de la misma con gran impacto mediático, con la intención de resolver el caso que tomo como ejemplo pero más que nada todos aquellos que podrían darse en el futuro.
Otro ejemplo: me interesa más lo que sucede en EE.UU. que lo que está sucediendo en España, pues considero el caso español consecuencia directa de la dinámica social que se extiende irradiada desde EE.UU., me refiero a la crisis de los derechos democráticos, al replanteamiento de esos mismos derechos. Todo ello tiene su origen en políticas de EE.UU., y ello se debe a su papel preponderante en la economía mundial, que conlleva una fuerza para imponer su cultura en todos los aspectos del término (estética, modo de vida, organización social), aunque a lo que me estoy refiriendo aquí es al aspecto del Derecho. En resumen: la desaparición de las garantías democráticas en España es posible y sucede de hecho porque en el centro irradiador de cultura, EE.UU., han desaparecido y desaparecen cada vez más. Por ello me parece más interesante comentar el caso de EE.UU. Si en el pasado y ahora me ocupo de España es porque soy consciente de que es un caso más cercano a mis lectores, que son en su mayoría españoles.
Pido disculpas al lector por la extensa introducción, que creo necesaria, y comienzo pidiéndole un esfuerzo por atenerse en sus consideraciones a mi texto, en el que como he anunciado no hablaré de más que de fallas en el Estado de Derecho.
LA DESAPARICIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (I) SITUACIÓN
Con título tan apocalíptico retomo mi actividad, el lector se sentirá turbado por una afirmación que parece descabellada, de hecho si se le preguntase a cada español si cree que España es una Democracia el 99% respondería que sí. Y sin embargo, no es así, en rigor. Pero para darse cuenta de ello es necesario, por un lado, tener muy claro el concepto de Democracia, que desde los medios se ha tratado de enturbiar para que fuese posible pisotearlo sin que nadie se diese cuenta; y por otra, conocer el alcance preciso de las medidas que Gobierno y Justicia han tomado de cara a eliminar el pensamiento de la izquierda abertzale: a eliminarlo de las instituciones, claro, porque en 200.000 ciudadanos vascos sigue vivo y activo, y para eliminarlo tendrán que tomar medidas que requerirán estrategias de despiste mucho más sofisticadas, tanto que nos parece improbable que sea posible. Nos referimos a la represión y al genocidio. Pero conviene estar alerta, pues también parecía imposible que se conculcara el derecho al sufragio, y sin embargo ha sido posible, gracias al empeño de la práctica totalidad de la clase política y de la prensa a su servicio; ¿quién nos asegura que en un futuro no logren convencer a la sociedad de que es delito también “ser independentista”, opinar de una cierta manera? Ya es delito declarar ciertas cosas, desde la última ampliación del delito de apología del terrorismo, de prohibir declarar a prohibir pensar hay un breve paso.
Es necesario, antes de nada, aclarar ciertos aspectos que han sido enturbiados últimamente. Para discutir sobre Democracia hay que separar lo esencial de lo contingente. Sin esta separación es imposible llegar a ninguna conclusión sobre Democracia o Derecho, y esto porque ambos términos se refieren a conjuntos de normas “esenciales” cuyo objetivo es regular lo “contingente”, pero no al revés. Creo que será mejor empezar enumerando una serie de ideas equivocadas que mucha gente tiene acerca del Derecho y la Democracia.
· La Democracia es un sistema de organización de la sociedad, entre varios que existen de los que ha conocido el hombre en su Historia. No es el único: es uno de ellos.
· La Democracia, como sistema de organización social, contempla dos cosas: una determinada forma de Gobierno (representación parlamentaria elegida por sufragio universal) y la garantía de una serie de derechos fundamentales que se recogen en una Constitución, que han de coincidir en muchos aspectos con los Derechos Humanos, de hecho deben reconocer todos estos derechos. Desde el momento que la Democracia se define por estas características, si alguna de ellas no se cumpliese, no estaríamos hablando de Democracia: se trataría de otra forma de gobierno. Por ejemplo, una nación donde existe el sufragio universal, el derecho a la propiedad, etc. pero en la que falta el derecho a la libertad de culto (por ejemplo), por mucho sufragio universal que haya, por mucho que sus ciudadanos y gobernantes (e incluso los de otros países) se refieran a su modo de organización como una democracia, no se trataría de tal, en tanto que falta uno de los rasgos fundamentales constitutivos de la idea de Democracia. Podríamos aceptar que la prensa se refiera al sistema de gobierno de ese país usando el término Democracia, del mismo modo que aceptamos otras imprecisiones, faltas de propiedad en el lenguaje e innovaciones agramaticales; pero EN RIGOR no podemos decir que tal gobierno sea una Democracia.
· Por consiguiente, que en la vida real, que en la evolución de las sociedades, que en este momento histórico se produzcan una serie de contingencias que algunos consideran que deben provocar un cambio en la idea de Democracia, es algo que pertenece al ámbito de lo contingente, y ello nunca podrá cambiar la esencia de la Democracia. Pese a las tormentas políticas, la Democracia sigue y seguirá siendo lo que es. Podría, sí, suceder que el sistema de organización social que tenemos en España fuese cambiado (cosa que éste sólo permite mediante un consenso social muy elevado), que se eliminasen ciertas características (derechos) de la Democracia en él, y que pese a ello se decidiese seguir llamándolo Democracia. Esto mismo podría suceder en muchos países, y en consecuencia suceder que el concepto que hasta ahora se ha tenido de Democracia se convirtiese en algo del pasado, pues por el uso y la costumbre “Democracia” habría adquirido nuevos rasgos constitutivos. Pero ello en ningún caso borraría el hecho de que existió la Democracia, tal como la ha entendido la Humanidad desde que este sistema de gobierno nació, del mismo modo que aunque ahora por “pluma” entendemos una estilográfica, existe todavía el concepto de “pluma” con la que escribía Cervantes. Por último, considero que usar el mismo nombre para formas de gobierno que presentan rasgos constitutivos totalmente opuestos es lingüísticamente erróneo, y moralmente censurable por engañoso: se estaría usando la cumbre de civilización que supuso la Democracia para autorizar formas de gobierno menos evolucionadas, haciendolas pasar por aquélla.
En cuanto al Derecho,
· Una ley no se hace con la idea de que sea flexible, sino al contrario: se intenta en el momento de redactarla que sea exhaustiva, que agote todos los casos “reales” que puedan presentarse, y que sea lo más precisa, lo menos ambigua posible: todo ello porque el ideal de la Ley es que esté por encima de los individuos, que rija sin que participen las pasiones humanas, a fin de que sea igual para todos.
· Relacionado con lo anterior, el espíritu de la Ley es que tenga entidad a parte de lo contingente por un lado y de lo humano por otro. No quiere esto decir que la Ley deba ser “inhumana” y apartada de aquellos a quien sirve, los hombres. Quiere decir que, una vez promulgada, debe estar a salvo de intereses particulares circunstanciales (en cuanto a “apartada de lo humano”); y que en ningún caso al presentarse una contingencia a la que no pueda hacer frente la Ley pueda ésta ser “adaptada” a la nueva circunstancia. Y todo ello, como hemos dicho, para evitar que la Ley caiga en manos de individuos. ¿Quién o quienes decidirían el modo en que una ley habría de adaptarse? Mucha gente cree, equivocándose (pues de hecho no es así), que el ideal de la Ley es que ésta pueda adaptarse, que sea “humana”, que es un hermoso adjetivo pero engañoso en este caso: una ley “humana”, que se adapta a las circunstancias y a las personas, favorece sólo a quien tiene el poder para dirigir esa adaptación.
· La Constitución, en cuanto que “Ley de leyes”, es precisamente la que menos se debe prestar a interpretación, la que menos ambigua debe ser, y la que menos se debe intentar adaptar en caso de contingencia en la cual resulte inoperante. Lo normal es que nada de esto sea necesario, porque las Constituciones se limitan a enunciar derechos fundamentales, que por ser fundamentales no es posible que presenten ambigüedad: un derecho o se tiene o no se tiene, no se tiene “a veces sí y a veces no”, ni “dependiendo de...”. Cuando a un derecho fundamental se le ponen condiciones o limitaciones en determiados casos, pierde este carácter para convertirse en “derecho opcional”. Como hemos dicho antes, una Democracia para ser tal debe garantizar los Derechos Humanos como derechos fundamentales.
Aclarados estos puntos, podemos comenzar. Empecemos justo desde aquí: en el Estado Español rige una Constitución, donde se reconoce a todos los ciudadanos del Estado en el artículo número 22 el derecho de asociación y en el 23 el derecho a participar en los asuntos públicos (el Gobierno se incluye aquí) directamente o por medio de representantes elegidos libremente por sufragio universal. Ambos son derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en los artículos 20 y 21 respectivamente. El hecho de que sean derechos fundamentales quiere decir ante todo que en ningún caso se puede privar de ellos a un individuo. También quiere decir que ninguna ley puede matizar ni cancelar este derecho.
En el apartado 4 del artículo 22 se refiere el único caso en que de acuerdo con la Constitución podrían suspenderse el derecho de asociación o las actividades de una de ellas: en caso de “resolución judicial motivada”. Esto se refiere a un proceso penal. Un proceso penal se desencadena contra alguien que ha cometido un delito. Luego: alguien que no haya cometido delito en ningún caso podría verse privado del derecho de asociación. Conviene señalar que el artículo 16 de la Constitución Española (y el 18 de los DD.HH.) garantiza el derecho a la total libertad ideológica. Por lo tanto, ninguna ideología, por inmoral o violenta que sea, es constitutiva de delito.
Esto es la Ley, que como he indicado al inicio debe estar por encima de toda contingencia. Ahora bien, en España tenemos una contingencia que ha afectado a la aplicación de esta Ley: aquello que se llama, de modo un tanto generalizador, “conflicto vasco”. Lo que ha sucedido es que, ante un problema que las leyes no pueden solucionar (el terrorismo de ETA), se han flexibilizado éstas para hacer frente a la contingencia. Dejamos para otra ocasión la discusión sobre si ilegalizar la posibilidad de defensa democrática de las ideas de la izquierda abertzale es algo en beneficio del fin de la violencia de ETA o no, nos interesa ahora destacar el hecho de que había una ley, la Constitución, que reconocía unos derechos, y que esta ley ha sido flexibilizada hasta la pérdida de su carácter de “garantía de derecho fundamental”, para hacer frente a un hecho particular. Esto va, de por sí, en contra de toda la teoría del Derecho. Luego está el hecho de que esta “flexibilización” de la Constitución ha ido más allá de los límites, siendo más ruptura y violación de la Constitución que flexibilización. Y el resultado: que un sector de la ciudadanía ha visto conculcados sus derechos fundamentales, y en consecuencia, España ha dejado de ser una Democracia. El lector me recordará que, aceptando mis argumentos, estos son válidos desde hace varios años, y esta misma situación de privación de derecho al sufragio se ha dado con anterioridad, y tiene razón. Pero me permita que me tome la licencia de lanzar ahora mi protesta como si fuese una situación nueva la que se presenta, pues en las anteriores ocasiones no existía todavía este blog.
Hace semanas, cuando comenzó a comentarse en la prensa el tema de la presencia o no de la izquierda abertzale en las elecciones del 27M, me pregunté aquí y en los foros de elpais.com cómo era posible que ningún jurista hubiese alzado la voz para denunciar la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Partidos y de todo el proceso persecutorio que se estaba llevando a cabo para impedir que la izquierda abertzale pudiese verse representada en el proceso electoral. Hube de esperar hasta una semana antes de las elecciones para poder leer algo publicado al respecto : el 19 de Junio salió un artículo en “El País”(los lectores que, como yo, no están suscritos a “elpais.com” podrán leer el texto aquí) en el que Javier Pérez Royo -que no es un abogado de pueblo sino el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla- señalaba lo que intento decir aquí: que la actuación de la fiscalía y del Tribunal Supremo, dirigidos por el gobierno, empujados por una sociedad envenenada de odio, suponía la “liquidación electoral de una minoría” . Yo añado, en consonancia con lo explicado sobre el término Democracia, algo que se infiere directamente de esa afirmación, aunque al señor Pérez Royo le haya parecido seguramente muy violento decirlo: que esto supone también la desaparición de la Democracia en España, en tanto que una característica definidora de cualquier democracia es el sufragio universal y libre.
Esta es la situación a la que nos ha llevado la furia patriótica. La lucha contra el terrorismo de ETA nos ha llevado por el peor camino posible: la violación del Estado de Derecho. La sociedad española no ha sabido conservar la templanza y respetar el espíritu democrático a la hora de responder a la barbarie, y ha respondido con las mismas armas. Sí, las mismas armas, porque a veces es más dulce la muerte que una vida privada de derechos básicos. Naturalmente, todo sufrimiento y todo goce comienza por el haber vida, y privar de la vida es la violación extrema, por eso el derecho a la vida es el primero de los derechos. Pero que nadie se confunda: justo después va el derecho a la libertad. Y vivir privado de él no es mucho peor que la muerte.
