VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA

Doy inicio con el presente a una serie de artículos en los que pongo de relieve violaciones de los Derechos Humanos en España, que de modo contingente toman como punto de partida problemas particulares que tienen relación con el País Vasco y la lucha por la independencia de la región por parte de un sector de la sociedad vasca. Quiero insistir en la contingencia de los hechos particulares que tomo como ejemplo, pues mi interés, como saben de sobra mis lectores, no son los problemas particulares de algunas sociedades o pueblos, sino los problemas que afectan a toda la Humanidad. Sin embargo, me parece útil tomar como punto de partida los problemas referidos, sentidos de forma directa por mis lectores -que son en su inmensa mayoría españoles-, para estimular la proyección a lo general y hacer reflexionar al lector sobre cómo ciertos males que podrían parecer abstractos y lejanos se manifiestan de modo inmediato en su vida cotidiana.

Violaciones de los Derechos Humanos en España

Quien me lee o me conoce sabe cuánto gusto de la provocación. Un título como este golpea directamente la conciencia de esa mayoría de ciudadanos que creen como una verdad inviolable que viven en un país “democrático”, cosa que conlleva sin lugar a dudas una serie de cosas: que los ciudadanos deciden su destino por medio del acto sagrado del sufragio, que hay una ley igual para todos, que se respetan los Derechos Humanos… todo esto es, sin embargo, una muy vil falacia, que se evidencia casi a diario a los ojos atentos; pero esta evidencia queda velada por el olor del café las mañanas, la emoción de los goles que van cayendo en las tardes del domingo, y las risas de los nenes que se divierten en las atracciones de Terra Mítica. Me refiero al efecto adormecedor que produce el desarrollo, el alto nivel de vida. El abandono de la conciencia crítica, el “qué me importa”. Qué me importa que decidan por mí, si mi equipo gana, qué me importa que algunas personas no puedan decir lo que piensan, si yo sí y además en este restaurante se come tan bien, qué me importa que alguno se enriquezca con un pelotazo, si al final de mes yo también voy a cobrar, menos pero bastante para mí.
Yo quisiera, sin embargo, que todos fuésemos un poquito más sinceros. Que nos levantásemos por la mañana sabiendo, y aceptando con total tranquilidad, que en nuestro país, del que formamos parte y que en cierto modo configuramos –y por tanto somos responsables-, se violan los Derechos Humanos. Difícil papeleta, supongo que nos costaría hacer los informes en la oficina o pasar la fregona al cierre sabiendo que nuestro silencio y apatía perpetúan el dolor de personas anónimas. Pero puede que, en vez de sufrir todo el día, rompiésemos con ese silencio y apatía, que creo que sería lo que haría la mayor parte de la gente, pues tengo fé en la bondad de mis congéneres. Pero para ello es necesario que sepan la verdad y reflexionen sobre ella, y ése es mi intento. Y que pase Rita la fregona si esto sigue así, y hagamos confetti con los informes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de Diciembre de 1948 en asamblea general de la ONU. Este documento, que todas las democracias del mundo enarbolan como su bandera, proclama en sus artículos 19, 20 y 21 la libertad de expresión sin límites de ninguna clase, la libertad de asociación con el límite de que debe ser con fines pacíficos (quedan excluidas las asociaciones terroristas) y el derecho de toda persona o grupo a participar en elecciones democráticas para defender cualquier idea política, que es en su fondo el ideal de la Democracia.
Estos tres artículos fueron flagrantemente infringidos en España el día 28 de Junio de 2002 con la publicación y sanción en el BOE de la Ley Orgánica de Partidos, que limita las libertades que garantizan los Derechos Humanos, excluyendo del acceso a esos derechos a ciertos ciudadanos. La citada ley fue aprobada en el congreso con amplia mayoría, respaldada por la prensa oficial y un gran consenso popular. Oscuras razones están en el fondo del por qué una ley que manifiestamente atenta contra derechos fundamentales, reconocidos también en la Constitución Española (artículos 20, 21 y 22), pudo pasar el obstáculo de una apelación al Tribunal Constitucional español y otra al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero eso es hasta cierto punto explicable, si se contempla desde la perspectiva del Poder: la nueva ley emanaba del Poder, y los citados tribunales han demostrado ser en los lances importantes instrumentos del Poder: ¿cómo entonces ponerle trabas a su voluntad? Pero lo que realmente produce horror de la cuestión es ese “consenso popular” al que aludí antes, ¿cómo es posible que el pueblo se haya hecho a sí mismo este daño, haya revocado un derecho por el que la sociedad civil ha luchado durante siglos?
La respuesta la hallamos, una vez más, en los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York y el cambio que produjeron en la política exterior de EE UU y en lo que se consideraba un derecho y ya no. Los atentados del 11/S sirvieron para justificar muchas cosas que nunca habrían encontrado justificación, y una de ellas es la violación de derechos fundamentales como el de la privacidad y la libertad de expresión, todo por supuesto con el noble fin de preservar la seguridad de los ciudadanos de “países libres”. Antes la Democracia era consecuente con sus principios y permitía que se hiciese oposición pacífica a sus valores, a partir del 11/S esto ya no fue posible. Cualquiera que conspirase contra el orden democrático se convirtió en terrorista. Y ése es el peor delito: ser una amenaza para el orden social, el orden burgués, el orden del Poder. Bajo el síndrome de las emociones provocadas por el atentado, se cambiaron leyes y se instituyeron nuevos valores que nadie, si no quería ser considerado sospechoso, podría ni siquiera poner en discusión.
En España también se sintió, y mucho, el síndrome del 11/S. La Ley Orgánica de Partidos fue aprobada a menos de un año de distancia de los atentados de NY, y el nuevo clima –emanado de EEUU, fomentado en España de modo obsesivo por los medios de comunicación- de patriotismo y omnipotencia de la ley, unido a la demonización del terrorismo como amenaza global e inminente, fue lo que permitió que las volubles conciencias de los ciudadanos tragasen una ley que les ofende y les sitúa en épocas pasadas en la escala de la civilización. Yo que he vivido en los últimos años en el extranjero puedo afirmar que es una experiencia desagradable que un inglés o un italiano, al enterarse de tu nacionalidad, te haga subir los colores diciéndote “en tu país hay partidos políticos ilegalizados”, cosa que, hasta donde alcanza mi conocimiento, en países democráticos sólo sucede en España y por supuesto en EEUU, donde es ilegal ser comunista.
Aprobada la Ley, el ciudadano medio pensaría entonces que esta ley “ad hoc” para ilegalizar Batasuna le protegería, siguiendo la misma lógica estúpida del ciudadano estadounidense que pensaba que invadir Irak debilitaría el terrorismo internacional. No hacían falta muchas luces para darse cuenta de que se produciría el efecto contrario, como el devenir del tiempo ha demostrado, pero también es un hecho que la rabia –originada en la ignorancia, en no conocer ni comprender el origen de los conflictos- obnubila el raciocinio muy a menudo. Al final, la medida de rebajar las libertades e ilegalizar el pensamiento y la práctica de la izquierda abertzale ha sólo aumentado la crispación, el sentimiento de mártires en aquellos que luchan por la independencia de Euskadi, y su certeza de que no podrán jamás confiar en las instituciones del Estado Español que se reveló represor de derechos fundamentales aprobando la medida; quedándoles sólo la vía de la violencia para alcanzar sus objetivos.
Y si aún al ciudadano medio español le parece una nimiedad estas consecuencias de la Ley de Partidos, si el sufrimiento y la impotencia de los que piensan diferente le importa poco o hasta lo celebra, le pido dos cosas: primero, que sea sincero y lo reconozca, y que diga abiertamente “en mi país se violan los Derechos Humanos, y yo estoy de acuerdo”. Y segundo, que piense en lo que le podría suceder si alguna vez él llegase a pensar diferente. “¡Qué tontería! Yo soy demócrata, yo cumplo la ley”. Sí, desde luego, pero cuídate bien de cumplirla: porque si no lo haces irás a la cárcel. Puede que algún día tú, o alguien a quien quieres, se oponga al orden establecido. Debes saber que, desde Junio de 2002, ya no se le permite reunirse con otras personas que simpaticen con organizaciones que empleen la violencia. Porque aunque la Ley fue redactada para impedir la actividad de asociaciones simpatizantes de ETA, es una Ley y como tal alcanza a cualquier otro caso semejante. Que no por no notarse el apretón de la cuerda deja de estar atado el pie. Que piense, simplemente, que no es libre de pensar lo que quiera: que hay otras personas que deciden si lo que piensa es “legal” o no, y que si no lo es podrían perseguirlo por ello. Y a mí particularmente, que nací libre, la pérdida de la libertad de poder disentir me parece algo muy grave.